“Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recibisteis;
estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí."
Mateo 25,35-36
Nuevamente
es motivo de alarma y de pesar la situación de los establecimientos
penitenciarios venezolanos. Hoy clama al cielo la situación que se ha suscitado
en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV)
en San Juan De Los Morros, establecimiento en el cual se viene
presentando un conflicto interno desde el mes de Septiembre.
Respaldamos
el llamado que hoy familiares, y de modo especial, las esposas, hijos y madres
de privados de libertad, realizan manifestando que sus
deudos detenidos
y retenidos son seres humanos, ciudadanos venezolanos, con derecho a ser
escuchados, respetados y que no sean invisibilizados.
Los
Familiares de los reclusos han hecho llamados a las autoridades competentes
para que investiguen las siguientes circunstancias que viven hoy los privados
de libertad:
·
La falta de información veraz: “Nadie se ha abocado a
decirnos objetivamente qué ha sucedido y está sucediendo en ese recinto
penitenciario”.
·
La muerte de recluso a
consecuencia de la tuberculosis: “Dentro de este centro penitenciario hay presos con
tuberculosis, quienes está muriendo por la falta de atención por parte de los
organismos competentes”.
·
Prohibición de las visitas: “Desde el comienzo del
conflicto no se ha permitido las visitas
reglamentaria”.
·
Falta de alimentos y
materiales de primera necesidad: Se ha impedido asimismo la entrega de alimentos, agua
potable y medicinas, de partes de los familiares a quienes se le ha prohibido las
visitas. El Ministerio del Poder
Popular para el Servicio Penitenciario ha entregado algunos paquetes de alimentos, sin embargo,
estos insumos no son suficientes para satisfacer las necesidades de la
población en conflicto.
·
Inobservancia al debido proceso: Se ha constatado que no se ha cumplido con el debido
proceso, al haberse emitido boletas de excarcelación de Tribunales competentes,
en algunas causas y hasta el presente no se han acatado.
·
Hechos de violencias y tratos crueles, Rechazamos toda forma de violencia de
los organismos de seguridad del Estado y del responsable de la custodia y
seguridad personal de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
Ante
estos hechos lamentables que llenan de alarma, estupor y angustia a la
población reclusa y a sus familiares, la Comisión de Justicia y Paz del
Episcopado Venezolano hace un llamado:
A
las autoridades
del Estado venezolano para que resuelva
los problemas del establecimiento penitenciario y garantice íntegramente los
derechos humanos de la población reclusa y de sus familiares en los términos
previstos en el Derecho Internacional de esos Derechos fundamentales,
contemplados en el derecho interno. De la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y demás leyes nacionales, instrumentos jurídicos que
establecen obligaciones no declinables e indelegables a cargo de los entes
gubernamentales.
Al Ministerio del
Poder Popular para el Servicio Penitenciario para que cumpla su deber de
garantizar y respetar todos y cada uno de los
derechos humanos de la población privada de libertad, la cual se encuentra bajo
su custodia y cuido.
Al
Ministerio
Público, a la Defensoría del Pueblo y al
Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado
para que garanticen a toda la población
privada de libertad sus derechos humanos a la alimentación, la salud, la
educación y a no ser incomunicados. No
pueden las autoridades pretender ampararse en situaciones de pérdida de control
interno debidas a su propia omisión e inacción para ejercer represalias o
castigos colectivos que afectan no solamente a la población reclusa sino
también a todos sus grupos familiares.
Solicitamos
atender de manera
integral la situación penitenciaria, y con urgencia
a
las personas privadas de libertad que presentan enfermedades graves y
contagiosas, garantizar la alimentación y la salud; así
como la atención de los niños, niñas y adolescentes.
Encomendamos esta preocupante
situación a la Virgen de la Merced, redentora de los
cautivos y
exhortamos al pueblo acompañarnos con su oración y solidaridad.
Caracas, 11 de
octubre de 2016.
Mons.
Roberto Luckert Pbro. Saúl Ron Braasch
Presidente de la Comisión de Justicia
y Paz Vicario General de Justicia y Paz
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